Duro golpe de Trump a la política migratoria de Estados Unidos: ¿y ahora qué?

Recién instalado en la Casa Blanca, Trump ha impuesto un endurecimiento sin precedentes en la política migratoria mediante órdenes ejecutivas que refuerzan la seguridad fronteriza y agilizan las deportaciones. Mientras algunas medidas ya están en marcha, otras enfrentan batallas legales. Su margen de acción dependerá del apoyo financiero del Congreso, aunque no descarta recurrir a poderes de emergencia, como hizo con el muro fronterizo en su primer mandato.

Trump ha lanzado más de 21 acciones en materia migratoria, además de otras medidas con impacto indirecto. Sin embargo, su plan aún está lejos de completarse, y se esperan más cambios en los próximos meses, según informó Migration Policy Institute (MPI).

Una de las medidas más controvertidas de Trump busca negar la nacionalidad a los hijos de migrantes en situación irregular nacidos en EE. UU., extendiendo la restricción incluso a quienes tengan padres con visas temporales. Este cambio supondría un giro radical en el principio de ciudadanía por nacimiento.

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La Decimocuarta Enmienda garantiza este derecho, lo que hace incierto el futuro de la orden. Al menos 18 estados, incluidos California y Nueva York, han presentado demandas para bloquearla. El fiscal general de Nueva Jersey, Matthew J. Platkin (en la imagen), calificó la iniciativa como "extraordinaria" y "extrema", anticipando una dura batalla legal, según informó France24.

El 24 de enero, un juez federal en Seattle bloqueó la medida por 14 días, dando inicio a una batalla judicial que podría prolongarse.

En su discurso inaugural, el presidente Donald Trump reafirmó su compromiso de combatir la inmigración irregular y expulsar a millones de inmigrantes indocumentados. En un esfuerzo por cumplir su promesa electoral, Trump firmó varios decretos que amplían los criterios para la expulsión rápida de migrantes que se encuentran en situación irregular.

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La agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) posee la facultad de detener a inmigrantes cuyo estatus legal sea irregular, ya sea que representen una amenaza o no bajo la nueva Ley Laken Riley (vigente desde el 30/01/2025).

Las nuevas disposiciones abarcan desde inmigrantes indocumentados hasta residentes legales con antecedentes penales, sin importar la gravedad o antigüedad del delito. Además, la normativa facilita expulsiones inmediatas sin necesidad de un proceso judicial, ampliando drásticamente el alcance de las deportaciones.

El plan de deportaciones masivas de Trump busca aumentar la capacidad de detención de 40.000 a 100.000 plazas diarias. Sin embargo, el Congreso solo ha aprobado parte de los fondos necesarios. Para alcanzar este objetivo, la administración requiere 5.100 millones de dólares adicionales, mientras que una meta intermedia de 80.000 camas dependerá de futuras negociaciones con los demócratas, según informó Univisión Noticas.

La administración Trump amplió la autoridad de "expedited removal" a nivel nacional, permitiendo a ICE deportar a inmigrantes sin comparecer ante un juez si llevan menos de dos años en el país. La ACLU ha impugnado esta medida en los tribunales.

Sin embargo, el domingo posterior a la investidura de Trump, ICE llevó a cabo un número récord de arrestos de indocumentados, con 956 detenciones y 554 órdenes de retención, la cifra más alta registrada por la agencia, según informó France24.

Uno de los operativos más intensos se desarrolló en Chicago, una ciudad santuario. Tom Homan, asesor de la Casa Blanca en política migratoria, lo calificó como un “punto de inflexión” en la estrategia de deportaciones. El alcalde Brandon Johnson aseguró que la policía local no colaboró en la redada.

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La política de deportaciones ha sido una constante en varias administraciones. Bajo Biden, se deportaron 271.000 inmigrantes en 2024, y en total, 1,5 millones a lo largo de su mandato, cifra comparable a la del primer gobierno de Trump, según el Migration Policy Institute. Sin embargo, ambas administraciones quedaron por debajo de la de Barack Obama, cuyo primer mandato registró 2,9 millones de expulsiones, según informó BBC News.

El equipo de Trump busca deportar a más de 11 millones de inmigrantes en situación irregular, un millón de inmigrantes al año, centrándose en quienes tienen antecedentes penales o órdenes de expulsión. Además, esperan que el temor a las redadas impulse la "autodeportación", reduciendo la inmigración sin necesidad de medidas adicionales, según el Migration Policy Institute.

Trump declaró emergencia nacional en la frontera con México y firmó una medida que le permite redirigir fondos federales para reforzar el muro fronterizo. Además, anunció el envío de tropas para frenar lo que calificó como una "invasión". Según The New York Times, esta decisión también podría facilitar el despliegue del Ejército y la Guardia Nacional en la zona.

Trump logró que México aceptara restablecer la política de su primer mandato, obligando a los solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano hasta sus audiencias en tribunales de inmigración de EE. UU. Aunque otras medidas tardarán en aplicarse, su administración avanza en restringir las opciones para la migración legal.

El Pentágono ha desplegado 1,500 soldados activos adicionales a la frontera, sumándose a los 2,500 que ya se encuentran en la zona. Aún no se ha confirmado si estos soldados realizarán actividades distintas al apoyo logístico tradicional que incluye tareas de vigilancia y construcción de barreras.

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Aunque una ley de 1878 prohíbe que las fuerzas armadas participen en la aplicación de la ley civil, Trump ha insinuado que podría invocar poderes de guerra para ampliar su papel, incluyendo la detención y el traslado de migrantes, según France24.

La misma fuente informó también que el Gobierno de Trump ha revocado las protecciones del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos que residen en EE. UU., una medida que Joe Biden había extendido. Esto deja a unos 600.000 migrantes sin permisos de trabajo y sin los 18 meses adicionales que evitaban su deportación. Según la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, la administración ya negocia su posible repatriación.

Además, Trump eliminó el uso de la aplicación CBP One, que permitía a los migrantes ingresar con permisos de dos años y derecho a trabajar, cancelando decenas de miles de citas programadas hasta febrero. Casi un millón de personas habían utilizado esta herramienta para cruzar desde México. También puso fin a un programa que permitía a más de 500.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela volar a EE. UU. con un patrocinador financiero.

A diferencia de su primer mandato, Trump no ha tomado medidas inmediatas para reformar la inmigración legal, salvo la suspensión del reasentamiento de refugiados y la posible reactivación de vetos de viaje. Esto refleja una postura más cautelosa, ya que modificar este sistema podría generar divisiones entre sus propios seguidores, especialmente en torno a los visados H-1B para trabajadores altamente cualificados. De hecho, en su investidura, afirmó estar “totalmente de acuerdo” con la inmigración legal.

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