Aprobada con polémica la reforma sobre prisión oficiosa: PAN, PRI y MC dicen podría violar derechos humanos

El Senado de México aprobó una reforma a la Constitución que incorpora la extorsión, el tráfico de fentanilo y las actividades relacionadas con la falsificación de comprobantes fiscales, entre otros, como delitos que pueden ser punidos con prisión preventiva oficiosa.

Este tipo de detención es una medida cautelar, en teoría de carácter excepcional, que permite que un juez prive de libertad a una persona durante el curso de un proceso penal en que está acusada, sin que haya aún una una sentencia condenatoria firme. La idea es prevenir acciones que puedan dañar a otras personas o la marcha del proceso.

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Según Infobae, la decisión recibió 94 votos a favor y 34 en contra, en lo general. Tras el rechazo de las reservas presentadas por senadores de distintos partidos, el proyecto se aprobó en lo particular con 93 votos a favor y 35 en contra. Ahora es el turno de que los congresos estatales lo analicen y, eventualmente, lo aprueben.

El debate en el Senado duró más de seis horas y ha sido bastante polarizado. Los partidarios de la reforma, como Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) o el Partido del Trabajo (PT), defendieron que la medida es indispensable para enfrentar delitos graves.

Por su parte, el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Movimiento Ciudadano (MC) expusieron que la prisión preventiva oficiosa podría violar derechos humanos.

Según El Universal, en el debate, Alejandra Barrales (MC) afirmó que esta reforma anula el derecho de las personas de ser juzgadas ante cualquier señalamiento. Además, lamentó que con el voto de la mayoría, se estará instaurando en México la prisión preventiva automática.

La senadora del PRI, Cristina Ruiz, argumentó que la medida no detendrá el fenómeno del fentanilo. Ya Marko Cortés, del PAN, defendió que la prisión preventiva automática consolidará la persecución política y socavará la presunción de inocencia.

Lucía Trasviña (Morena) garantizó que esta decisión cerrará la puerta a la impunidad, haciendo hincapié en que la extorsión y el tráfico de drogas afectan profundamente a las comunidades. “Es una medida excepcional, sí, pero indispensable”, afirmó.

Foto: Instagram @luciatrasvinawbcs

Otra integrante de Morena, Andrea Chávez Treviño, destacó que los senadores de todos los estados, incluidos los de oposición, habían pedido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación no eliminar esta figura jurídica. Para Juanita Guerra Mena (PVEM) la reforma responde a las demandas ciudadanas por justicia.

Foto: Instagram @juanitaguerramen

La reforma quiere combatir delitos graves como la extorsión que, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, registró más de 10 mil casos en 2022. Además el tráfico de fentanilo y la falsificación de comprobantes fiscales fueron señalados como creadores de graves daños sociales y económicos.

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