La polémica reforma que AMLO quiere aprobar antes de acabar el sexenio

Las elecciones mexicanas del pasado 2 de junio hablaron claro: el país ha escogido con amplia mayoría la senda del oficialismo e hizo historia con su primera presidenta, Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, la sucesora de Andrés Manuel López Obrador no llegará al palacio presidencial antes el 1 de octubre. Mientras tanto, AMLO seguirá al mando y, pese a su promesa de retirarse tras las elecciones, en los últimos días parece tener siempre más protagonismo en la actualidad política.

De hecho, tan solo unos días después de los comicios, AMLO anunció que antes del final de su sexenio busca reformar el Poder Judicial gracias al apoyo de Morena, su partido, que tiene la mayoría en el Congreso.

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Este proyecto está envuelto en polémicas. De hecho, esta es solo una de un paquete de 20 reformas constitucionales que el presidente saliente presentó a principios de año y que pretende llevar a cabo en estos últimos meses. 

Si bien entre estas hay algunas normativas que han sido bien acogidas, como la prohibición del maltrato animal, la atención médica universal gratuita, o becas a estudiantes de familias pobres de todos los niveles escolares, hay algunas más polémicas, sobre todo en ámbito judicial. 

El primer punto, quizás el más polémico, tiene que ver con la elección de los cargos del Poder Judicial. Actualmente, el Gobierno propone los ministros, magistrados y jueces que luego son nombrados por el poder legislativo. 

Si la reforma fuera aprobada, estos cargos serían elegidos a través del voto popular. Los primeros comicios se celebrarían en 2025 y se elegirían a unos 1.600 cargos judiciales, tal y como explica El País México.

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Además de esto, el paquete también prevé la reforma del Consejo de la Judicatura Federal (CFJ), un órgano que se encarga de la administración y vigilancia de la judicatura y de la actuación de los jueces. En este caso, la propuesta es crear dos instituciones separadas: por un lado, el Tribunal de Disciplina Judicial, por otro el Órgano de Administración Judicial.

Asimismo, la reforma pretende reducir el número de ministros de la Corte Suprema, de 11 a 9, y eliminar las dos salas que la componen para debatir todo en el pleno.

También prevé que esta institución no pueda suspender normas o sus aplicaciones mientras las esté estudiando y no se dicte una sentencia.

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Esta última es una de las facultades del tribunal que había sido criticada por AMLO, después de que la Corte suspendiera varias leyes aprobadas por el Congreso hasta que no se resolvieran las impugnaciones, tal y como cuenta El País México.

Ese fue el caso del “plan B” electoral del mandatario, eso es, una reforma electoral del Gobierno, impugnada por el INE ante la Suprema Corte. El órgano dictó la suspensión de la normativa hasta que se resolviera la constitucionalidad o no de esta.

Si bien durante la campaña electoral, Sheinbaum utilizó la propuesta de reforma como una bandera, ahora parece más cauta. 

Desde el anuncio de los resultados de los comicios, que dan continuidad a la línea política del Gobierno, y tras las últimas declaraciones de AMLO sobre la reforma, los mercados han mostrado su nerviosismo. 

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De hecho, el peso mexicano sigue depreciándose a niveles que no se veían desde el estallido de la covid-19 en 2020. 

Por ello, Sheinbaum, que se ha reunido recientemente con AMLO, ha afirmado que la iniciativa se analizará a fondo y plantea la posibilidad de que se someta a una encuesta popular.

Lo cierto es que, por un lado, se notan las primeras discrepancias entre el mandatario y su sucesora. Por otro, la insistencia de AMLO sobre las reformas genera dudas sobre su salida de escena y la capacidad de maniobra, e independencia, de Sheinbaum.

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